Ya hay 212 millones de europeos que viven en países donde todos los espacios públicos cerrados están libres de humo. Son los residentes en Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Noruega, Finlandia, Irlanda, Islandia, Estonia, Lituania y Malta. A ellos hay que sumarles los de varios länder alemanes, y otros, como los 12 millones de portugueses, que tienen leyes más restrictivas que la española. Por eso para el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y las asociaciones médicas y ciudadanas que han firmado un manifiesto con motivo del día mundial para la prevención del tabaquismo, que se celebra el próximo domingo, la situación está clara: España debe seguir sus pasos y endurecer la ley actual. Estas organizaciones son la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Fundación Española del Corazón (FEC), el Foro Español de Pacientes (FEP) y la Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA).
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La norma española, que entró en vigor en 2005, fue saludada en su época como una de las más audaces. Pero rápidamente se ha quedado desfasada. Primero, porque varias comunidades -lideradas por Madrid y la Valenciana, gobernadas por el PP- no se han esforzado en aplicarla. Segundo, porque permitía que los establecimientos de hostelería se autorregularan (los de menos de 100 metros cuadrados podían decidir si eran libres de humo, y los mayores de ese tamaño tenían -teóricamente- que habilitar espacios para fumadores.
La ley, que en el ámbito laboral se ha cumplido, ha quedado marcada ante la opinión pública por la imagen de los bares y restaurantes que, ante el miedo a perder clientes (aproximadamente un 30% de los adultos es fumador) han decidido abrir la mano ante los consumidores de tabaco. Al final, según cálculos del CNPT, sólo un 1% de los locales (aproximadamente unos 3.000) han hecho las obras necesarias para cumplir la ley. El resto se ha beneficiado de la vista gorda de las mayorías de las administraciones.
El Ministerio de Sanidad español no es insensible a la propuesta de los científicos, pero se resiste a tomar el toro por los cuernos. Después del fiasco de la norma que pretendía dificultar el consumo de alcohol por menores, que la actual vicepresidenta Elena Salgado tuvo que retirar por las presiones de los sectores interesados, se teme el impacto en término de votos de una modificación de la ley. Oficialmente, lo más lejos que ha llegado un representante del Gobierno es a decir que "hay un consenso cada vez mayor en la ciudadanía de ir hacia adelante" en la ley antitabaco. "Es ineluctable que antes o después tiene que haber cambios" en esta norma, dijo el 26 de mayo el director general de Salud Pública y de Sanidad Exterior, Ildefonso Hernández.
La base científica para tomar esa medida es clara: según la Organización Mundial de la Salud, de cada mil muertes que se producen en España, 151 se deben al consumo del tabaco. Fumar origina más del 90% de los casos de bronquitis, el 95% de los cánceres de pulmón o el 30% de todas las cardiopatías coronarias. Unos 3.000 fumadores pasivos mueren por culpa del humo del tabaco cada año.
Pero la idea de endurecer la ley no es tan sencilla. Con la actual composición del Parlamento, haría falta que el PNV o CiU apoyaran al PSOE (aparte de grupos minoritarios). Es de suponer que el PP -que no ha contestado a este periódico al respecto- se oponga a un endurecimiento de la norma, como ya hizo en 2005. Y CiU no lo tiene claro. "Habría que ver el texto. Quizá seríamos más partidarios de una regulación como la portuguesa, en la que todos los espacios pequeños son libres de humos, y sólo en los grandes puede haber zonas para fumadores", ha dicho la portavoz de Sanidad del grupo en el Congreso, Concepciò Tarruella. Así que si al final Sanidad se decidiera a cambiar la ley, tendría que negociar muy duro para sacarla adelante.
